El blog de MCA-UGT

La crisis financiera y económica que sufrimos desde principios de 2008, y cuyo origen hay que buscar en el mal funcionamiento de los mercados internacionales, ha tenido como consecuencia más grave en nuestro país una intensa destrucción de empleo, lo que ha supuesto un aumento espectacular del desempleo (4 millones de trabajadores, el 20% de la población activa).

 Entre las medidas que se podían haber tomado para atajar este problema, el Gobierno ha optado en primer lugar por un plan de ajuste para reducir el déficit público que afecta sobre todo a pensionistas (congelación de la subida salarial en 2011) y funcionarios (reducción del 5% de sus salarios), además de un recorte en el gasto social (cheque bebe, suspensión del régimen transitorio de la jubilación parcial, etc.); en segundo lugar, el Gobierno ha optado por aplicar una reforma laboral unilateral, que supone un ataque gravísimo a los derechos de los trabajadores que no se ha adoptado en ningún otro país europeo; y en tercer lugar, el Gobierno ha anunciado la necesidad de reformar las pensiones, incluso de nuevo de forma unilateral, con propuestas como retrasar la edad de jubilación de 65 a 67 años o ampliar el número de años necesarios para realizar el cálculo de la pensión; ha anunciado también la reforma de la negociación colectiva, y ha insinuado la necesidad de nuevas reformas, como la sanidad o las prestaciones por desempleo. Es decir, ha encaminado y parece seguir encaminando sus medidas hacia los derechos adquiridos por los trabajadores, olvidando a quienes originaron la crisis, a quienes se han beneficiado de los planes de rescate bancarios y de las cuantiosas ayudas públicas para dar liquidez a sus empresas, y a las rentas más altas. Estos no están incluidos en ningún plan de ajuste ni en ninguna reforma laboral, aunque se van a beneficiar de ellas en la medida en que se abarata y facilita el despido, se privatiza la gestión del desempleo, se rompe la negociación colectiva y se aumenta el poder de los empresarios.

 El Gobierno podía haber optado por redistribuir entre todos el esfuerzo que va a suponer salir de la crisis, abordando reformas dirigidas a incrementar los ingresos del Estado frente a la mera reducción del gasto público pero, como los Gobiernos que le han precedido, ha tomado el camino de la reforma laboral a pesar de que ningún otro país de nuestro entorno, ni siquiera los tradicionalmente conservadores, se ha atrevido, como en el nuestro, a legislar contra los derechos de sus trabajadores.

 Redistribuir el esfuerzo de la crisis significa reducir el déficit mejorando la estructura de ingresos del Estado, y ahí es donde el Gobierno debe dirigir toda su energía y construir una fiscalidad más justa y equilibrada, creando, por ejemplo, nuevas vías impositivas que refuercen la progresividad fiscal (incrementando el IRPF para las rentas más altas), endureciendo el tratamiento fiscal del capital (dividendos, plusvalías, intereses…) y de las grandes fortunas, combatiendo el fraude fiscal y la economía sumergida (los técnicos de Hacienda cifran el fraude fiscal en 240.000 millones de euros, que supone una pérdida de 90.000 millones de euros, y representa cerca del 23% del PIB), aumentando el IVA a los bienes de lujo, rediseñando la imposición de las SICAV (sólo tributa el 1% del capital invertido),  revisando las numerosas deducciones y exenciones fiscales del Impuesto de Sociedades (que han contribuido a reducir la recaudación fiscal por este impuesto del 19,9% en 2006 al 10% en 2010), etc. Desgraciadamente, el Gobierno ha optado por aparcar estas reformas y por contentar a los mercados, dejando que estos se conviertan en los verdaderos motores de las reformas. Ellos originaron la crisis, se han beneficiado de las ayudas, han reforzado sus posiciones ideológicas y al final han impuesto sus recetas a los gobiernos, que se han convertido en meros títeres en sus manos.

 ¿Qué ha sido del tan cacareado cambio de modelo productivo, y qué de la Ley de Economía Sostenible? Si antes de la crisis el cambio de modelo de crecimiento económico era una necesidad vital para un desarrollo sostenido, ahora lo es aún más porque si de verdad queremos remontar la crisis y crear las condiciones para proteger nuestra economía ante futuras recaídas cíclicas (que las habrá), debemos coger el toro por los cuernos y abordar el cambio de modelo productivo apostando por una política industrial basada en recuperar el papel preponderante de la industria por sus efectos en el crecimiento, en el empleo y en el desarrollo tecnológico e innovador y sin olvidar la necesidad de apoyar al sector de la construcción, que tiene un efecto locomotora sobre multitud de industrias y servicios, y en paralelo aplicando una profunda reforma fiscal que haga el esfuerzo contributivo más equilibrado y justo para todos. Esta son las reformas que debería haberse atrevido a hacer el Gobierno y no una reforma laboral que no va a crear empleo sino a rebajar los derechos de los trabajadores.

 Para finalizar, somos conscientes de la necesidad de abordar también una reforma del mercado de trabajo pero desde la perspectiva de un amplio consenso social y con la participación activa de los sindicatos, no por la vía de la imposición. Todo el mundo sabe que el mercado laboral no ha sido la causa de la crisis, sino el pagano de sus consecuencias, y por ello, la reforma del mercado de trabajo debe hacerse para crear más empleo de calidad, para reducir la alta tasa de temporalidad y para luchar contra la precariedad laboral y nunca para despedir más fácil y más barato.

Con las medidas aprobadas por el Gobierno no sólo no vamos a converger con los países de nuestro entorno sino que suponen un retroceso social que nos va a costar rectificar en el futuro.