El blog de MCA-UGT

 

 

Para ello, se hace imprescindible que la nueva Ley defina una política industrial asociada a la inversión tecnológica, ya que el cambio de modelo debe estar basado en una apuesta por la economía productiva, que genere procesos de innovación, y que aporte a la economía española más competitividad, un mayor valor añadido que será el reflejo de una alta cualificación y competencias adecuadas de los trabajadores.

Junto con una definición de la política industrial en términos transversales y de país, se deben diseñar los objetivos que en política industrial deberían llevar a cabo sectorialmente y las que tienen que realizarse territorialmente. Entendemos que este planteamiento no es contradictorio sino complementario y que el desarrollo industrial de las comunidades autónomas debe ser generador de riqueza orientada a lograr una mayor cohesión social y no entrar en una espiral de competencia mal entendida entre territorios. Pero una política industrial territorial debe estar incardinada en una política global capaz de ser competitiva en los mercados internacionales, junto con un desarrollo armónico del conjunto del país.

Además, una política económica basada en un crecimiento sostenible en sus diferentes vertientes económica, social y respetuosa con el medioambiente es creadora de nuevos empleos verdes, que van a generar puestos de trabajo en otros sectores, que en el caso de nuestra federación pueden implicar que empresas tradicionales se beneficien de las nuevas actividades industriales, como puede ser el ejemplo de la energía eólica que conlleva empleo en empresas productoras de generadores eléctricos y un gran entramado de empresas de montaje y mantenimiento.

MCA-UGT considera que la orientación básica de la Ley de Economía Sostenible es adecuada, pero el Gobierno y los grupos parlamentarios deben hacer un esfuerzo y analizar las propuestas sindicales de UGT, de cara a mejorar los contenidos de la misma y dotar a nuestro país de una política industrial integral como forma de garantizar un crecimiento sostenido y sostenible de la productividad y de la competitividad de las empresas a través de la mejora permanente de las cualificaciones y competencias profesionales de los trabajadores, generando empleos de calidad, sostenibles también desde el punto de vista social.