El blog de MCA-UGT

Desde hace tiempo MCA–UGT ha venido manifestando su preocupación sobre este tema. Por una parte, las decisiones que se vienen adoptando en relación con el mercado eléctrico están generando una incertidumbre en las empresas que incide en sus decisiones estratégicas, no sólo en cuanto a la producción futura, sino incluso en la localización, lo cual, en última instancia, repercute en los trabajadores.

Como Organización sindical no podemos ser ajenos a un problema que puede condicionar el futuro de empresas de las que dependen miles de puestos de trabajo, tanto en las empresas principales como en la industria auxiliar.

En el tema que nos ocupa, la situación actual es peor que la existente hace un año, y la responsable no es la crisis económica.

La desaparición durante 2008 de las tarifas eléctricas aplicables a la industria, sin que se hayan establecido alternativas válidas, ha supuesto un importante encarecimiento del precio de la electricidad —encarecimiento que según los casos se cifra entre el 50% y el 100%—. Esto tiene unos efectos muy considerables en el coste de producción, dado que la electricidad representa un porcentaje mayor que, por ejemplo, los costes laborales.

Por esta razón, venimos manteniendo que estos sectores deberían ser considerados de forma especial y diferenciada y ser considerados a la hora de tomar decisiones que les afectan de tal forma. Su dependencia de la energía eléctrica hace que precisen, más que otros, un suministro de calidad, seguro y a unos precios que les permita competir en un mercado global. El coste eléctrico no puede suponer una pérdida de competitividad frente a los países de nuestro entorno.

Para una mejor comprensión del problema es conveniente enmarcar cuales son, en nuestra opinión, los términos en que se establece la relación coste de la energía—competitividad de la industria.

En primer lugar, señalar que la demanda de electricidad por parte de estos sectores es muy rígida ante la evolución de los precios. Pero, a diferencia de lo que ocurre con otro tipo de materias primas o de componentes que intervienen en la producción, las empresas industriales no tienen capacidad de opción acerca de dónde comprar la electricidad y a qué precio, pues tanto los proveedores como los precios están establecidos en un contexto ajeno al ámbito de la industria.

En efecto, las empresas tienen tiene la condición de “cliente cautivo”, no pudiendo prescindir de dicha materia prima, ni sustituirla por otra, ni buscar proveedores en otros mercados.

Mientras que las empresas industriales compiten en mercados globalizados, el mercado de la energía eléctrica se desarrolla en un ámbito estrictamente nacional.

En segundo término, el sector eléctrico se ha visto sometido a un proceso de liberalización para conseguir un mercado libre. Sin embargo, el resultado es, cuando menos “imperfecto”, e incluso, podríamos cuestionar que se denomine mercado cuando no se cumplen los requisitos mínimos de los mismos —libertad de flujos comerciales y libertad de establecimiento con las tecnologías más rentables—.

El sistema de fijación de precios contemplado introduce elementos que lo distorsionan. Así, es un hecho que existen diversas formas de generación de electricidad, cuyos costes de generación son muy diferentes. Pero toda la electricidad, sea cual sea la fuente de la que provenga, se vende a un precio uniforme –en base al procedimiento del coste marginal–, que se equipara al más caro.

No obstante, este sistema sólo fija una parte del importe final de la electricidad, pues al existir actividades que, necesariamente, han de funcionar como monopolio natural, –el transporte y la distribución– su retribución ha de ser fijada fuera del mercado mediante unos peajes.

De acuerdo con lo anterior, nos encontramos con que, a diferencia de lo que ocurre en otros mercados, el precio no regula el sector, ni ofrece los estímulos necesarios para que las empresas inviertan en nuevas plantas o sistemas de generación, ni que abandonen el sistema las más ineficientes.

Por otra parte, desde determinados estamentos se considera que estos sectores industriales estaban siendo subvencionados al existir incentivos para que gestionaran su demanda, pero lo que no se explica es que para conseguir esos incentivos era necesario adecuar el consumo a las horas en que la generación tenía menores costes, además de aceptar las condiciones de Interrumpibilidad, todo ello en beneficio del conjunto del sistema, en la medida en que permite mantener el suministro del país con una menor potencia instalada.

La contribución de la industria, y de sus trabajadores, en la garantía del suministro eléctrico, nunca se ha considerado como un elemento del debate.

Este esfuerzo de la industria, es soportado también por los trabajadores que se ven sometidos a unas jornadas de trabajo que, siendo benevolentes, podemos calificar de poco razonables.

Desde una perspectiva global del sistema eléctrico español, la valoración de la gestión de demanda debe partir del criterio de que ésta sólo tiene sentido si es eficaz para mejorar la garantía de suministro del sistema, sin sobrecostes para el mismo.

Desde la perspectiva de las empresas, el esquema debe estar basado en una relación directa, incluso exigente, entre el rendimiento económico de esa gestión y el esfuerzo individual de cada empresa en función de la normativa correspondiente.

No es este el lugar para entrar en disquisiciones profundas sobre cuestiones tales como si es un mercado o no; la conveniencia o no de igualar el precio al coste marginal y si esto es más eficiente; o los problemas derivados del denominado “déficit tarifario” provocado por la diferencia entre los costes y los ingresos del sector eléctrico.

Lo cierto es que estamos ante una situación de inseguridad para la industria que no es beneficiosa para nadie. En nuestra opinión, y en defensa de la industria, estos sectores deberían ser considerados de una forma especial y diferenciada. Debería abordarse seriamente el adoptar medidas tendentes a facilitar una planificación del suministro a largo plazo, sin necesidad de acudir al mercado diario a adquirir la electricidad, sistema absolutamente ineficiente para los sectores grandes consumidores de energía.

Para MCA–UGT, es necesario aportar seguridad a los sectores industriales, y esto pasa necesariamente por acuerdos estables a largo plazo, entre las empresas eléctricas y los sectores industriales. Acuerdos tutelados por los reguladores del sistema, que contemplen unos incrementos anuales razonables para ambas partes, revisables según se modifiquen las condiciones, pero que permitan una planificación de las empresas a medio y largo plazo.

En este proceso, no podemos olvidar que nos encontramos ante dos sectores —el eléctrico y la industria— condenados a entenderse pero donde la disparidad de fuerzas es enorme y uno se impone claramente al otro.

Mientras el sector eléctrico es un sector homogéneo, que trabaja unido en defensa de sus intereses en un teórico mercado liberalizado, las posibilidades de influencia de la industria son muy limitadas o nulas —a pesar de los intentos de unificación de la demanda realizados a través de FORTIA—.

Es necesario reducir esta descompensación de fuerzas, y para ello es imprescindible la intervención del Ministerio de Industria y de los reguladores del sistema.

El Gobierno no está tomando las medidas necesarias en favor de la industria, presionado por las compañías eléctricas que ejercen su poder y defienden su posición privilegiada. No cabe duda de que el sistema en su configuración actual beneficia doblemente a las eléctricas —por la fijación de precios y por la compensación del déficit de tarifa— mientras perjudica la competitividad de la industria, sector que debe sustentar el desarrollo de nuestro modelo productivo.

No quisiera que pudiera deducirse de mi exposición que la industria no tiene nada que hacer y que son otros los que han de resolver el problema.

Es imprescindible que se dirijan importantes inversiones a la mejora de la eficiencia energética. Exigimos de las empresas que realicen los mayores esfuerzos en I+D+i para conseguir unos procesos de producción que requieran menores cantidades de energía y que contaminen menos. Hemos de ser capaces de disminuir las emisiones de CO₂.

Como ha quedado de manifiesto, desde MCA—UGT somos muy críticos con el proceso de liberalización del sector eléctrico y creemos que dicha liberalización y la constitución de los mercados, es, cuando menos, imperfecta y no aporta las soluciones que la industria necesita.

Creemos también que deben acometerse con prontitud aquellas modificaciones necesarias para asegurar que el sector eléctrico, teniendo en cuenta sus peculiaridades estructurales, cumpla de forma eficiente su función de suministrar energía eléctrica en condiciones de calidad y al mejor precio.

Estas modificaciones pasan, como hemos indicado, por contratos a largo plazo basados en el coste del mix de generación utilizado; una retribución de la interrumpibilidad, como seguro de los fallos del sistema, y de la gestión de la demanda; y la modificación de la Ley del Sector Eléctrico.

Pero dichas modificaciones no pueden hacerse tomando en consideración, exclusivamente, las necesidades de las empresas que participan en el suministro de electricidad, sino que han de realizarse en el marco de la Política Industrial, contemplando también los requerimientos de competitividad de la industria.

No se puede olvidar otra cuestión que tiene planteada el sector eléctrico, y que habrá de resolverse también. Nos referimos a cuál ha de ser el mix de generación, teniendo en cuenta los problemas de suministro de las fuentes primarias, y también los requerimientos medioambientales.

Aprovecho para decir que MCA—UGT apuesta por el mix actual de generación y creemos que, en algún momento, habrá de abrirse el debate nuclear, desde el rigor y la seriedad que este tema requiere.

Como conclusión incidir en que resulta imprescindible que, en el marco de la Política Industrial, se establezca una Política Energética que defina el funcionamiento de sector eléctrico, garantizando calidad y seguridad en el suministro a precios competitivos y que planifique el uso de las diferentes fuentes de energía.