El blog de MCA-UGT

La crisis se ceba en el sector de la construcción, como consecuencia de la crisis inmobiliaria, que ya estaba sufriendo sus primeros síntomas de ajuste, desde la segunda mitad de 2007 fruto del aumento de los tipos de interés y de las restricciones crediticias que las entidades financieras están imponiendo a los consumidores. Esta situación nos ha llevado a que los datos del cuarto trimestre de 2008 reflejen  que 558.500  trabajadores, de este sector, hayan perdido sus empleos respecto al mismo trimestre de 2007 y que el paro se haya situado en 576.600 desempleados, lo que supone un crecimiento del 164,9%.  Aún recuerdo cuando hace un año, las previsiones para 2008 indicaban con poco acierto que se perderían entre 80.000 y 200.000 empleos en 2008 en la construcción.

Más acertados estaban otros que indicaban que 500.000 los trabajadores engrosarían el desempleo contabilizando sectores auxiliares o proveedores de la construcción. Porque hay que recordar que el problema no se ha ceñido a este sector, sino a todo el tejido industrial que proveía de productos a la construcción de viviendas. Si no se venden casas, estas no se construyen, tampoco se producen ventanas, puertas, tarimas, ladrillos, cerámicas, etc., pero tampoco muebles, electrodomésticos, etc.

Pero esa situación no se detiene ahí: todas las industrias relacionadas con el consumo, como por ejemplo el automóvil, empezaron a sufrir también los efectos de la crisis, como consecuencia de que el aumento del paro y la restricción crediticia ha provocado que el consumo se retraiga.

No cabe duda que esta situación y sus posibles perspectivas nos preocupan, porque además afectan especialmente y en primer lugar a los trabajadores, y entre ellos de forma más dura a los colectivos más desprotegidos y con condiciones de trabajo y contrato más precarias, y dentro de ese grupo serán los inmigrantes quienes lo sufran de manera más importante.

Ante esta situación, MCA-UGT defiende que todas las Administraciones Públicas –desde el Gobierno, hasta los ayuntamientos, pasando por los ejecutivos autonómicos y las diputaciones provinciales–, de forma coordinada, diseñen y ejecuten planes a largo plazo de infraestructuras, de edificación no residencial –colegios, hospitales, polideportivos, etc. – y de vivienda protegida, que amortigüen los efectos de esa ralentización del segmento de construcción de vivienda libre. Los stocks existentes de vivienda libre no deben ser obstáculos para una apuesta decidida por la construcción de viviendas oficiales protegidas, con el doble objetivo de creación de empleo por una parte, y de acceso a la vivienda para aquellas personas que no tienen recursos para acceder al mercado libre. Y es que además, de los problemas de empleo que debemos evitar, nuestro país no se puede permitir una contracción de la oferta de vivienda mientras miles de familias siguen sin poder acceder a una.

En este plano es fundamental que las comunidades autónomas y las diputaciones provinciales se sumen de forma coordinada al esfuerzo inversor del Gobierno en actuaciones previstas por el Ministerio de Medio Ambiente o el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT) diseñado por el Ministerio de Fomento, sin olvidar las iniciativas del Ministerio de Vivienda, o la inyección del Gobierno de 8.000 millones para que los ayuntamientos inviertan en infraestrucuturas.

En cuanto a que otros sectores de la economía sean capaces de absorber el empleo que puede perderse en la construcción, hoy por hoy, no parece que sea el caso de la industria. Como ya comentaba hace más de un año, mientras el empleo en construcción ha crecido anualmente a ritmos de 6% desde 2002 hasta 2007, en la industria se ha mantenido prácticamente invariable. Lo mismo ocurre con el PIB: en la construcción creció entre 2002-2007 en una media anual del 5%, superior al PIB nacional que giró en torno al 4%, mientras en la industria rondó sólo el 0,5%. Para que la industria tomara el relevo de la construcción como motor de la economía y la generación de empleo es fundamental que el Gobierno, en coordinación y colaboración con el resto de las Administraciones Públicas, impulse un cambio de nuestro modelo productivo.

MCA-UGT defiende una Política Industrial de Estado que implique al conjunto del Gobierno, es decir, desde el Ministerio de Economía – medidas fiscales, por ejemplo-, hasta el Ministerio de Medio Ambiente, pasando por el de Trabajo, Fomento –como impulsor de nuevas infraestructuras necesarias para el desarrollo productivo–, o Vivienda –como el mayor gestor de suelo industrial-, o al de Educación –con una formación profesional dirigida a las nuevas necesidades de los sectores industriales–. Una política que debe estar coordinada a su vez con las Comunidades Autónomas –dado que la mayoría tienen la competencia sobre estas materias- y las Administraciones Locales, que junto con la sociedad pública SEPES son los mayores promotores de polígonos industriales.

Además, las Administraciones Públicas tienen que poner sus recursos formativos al servicio de facilitar la reinserción laboral de esos trabajadores y fomentar su capacitación profesional. Y no olvidemos el papel que estamos desarrollando ya los agentes sociales en esa dirección, mediante la formación para el empleo, y en este caso de manera especial la Fundación Laboral de la Construcción (FLC) o la propia MCA-UGT con los contratos programa de formación en los sectores de la madera y del metal, en este caso a través de la Fundación del Metal para la Formación, la Cualificación y el Empleo (FMF).

Y no podemos olvidar otras medidas que pueden contribuir a luchar contra el paro, como anticipar la jubilación a los 60 años para los trabajadores de obra de la construcción, una propuesta basada en aspectos de salud laboral y justicia social, que en estos momentos liberaría 80.900 puestos de trabajo provenientes de 54.800 asalariados y 26.100 autónomos con más de 60 años. O la eliminación de las horas extraordinarias, que sólo en el sector de la construcción supondrían 250.000 empleos.

Pero este contexto de crisis también trae consigo otros peligros a los que debemo hacer frente. Quiero alertar sobre una mayor precarización del empleo como consecuencia de la recesión: el empeoramiento que sufren las condiciones de trabajo de los empleados, tanto desde el punto de vista de la contratación como de la salud laboral, o la jornada laboral. Tenemos que apelar a las Administraciones Públicas, para que la Inspección de Trabajo redoble sus esfuerzos en vigilar esas probables situaciones, dotándola de los recursos humanos y técnicos que les permitan realizar su labor con la solvencia necesaria.

Y ante el avance del paro, que alcanza ya los 3.300.000 personas en nuestro país, y pese a que en España la tasa de cobertura de desempleo es de las más altas históricamente, para MCA-UGT es necesario paliar las situaciones que se puedan producir ante un posible alargamiento de la crisis, en especial para los trabajadores menos protegidos. Se tiene que destacar que entre la población activa inmigrante el paro se sitúa en el 21,2%. Nuestro sindicato propone que un trabajador que perciba la prestación por desempleo pueda solicitar otra si ha agotado la inicial, sumando los periodos trabajados intermitentes con el desempleo e inferiores a un año, sin tener que esperar a un nuevo contrato. Y los que trabajen más de doce meses seguidos, en uno de esos periodos intermitentes, puedan solicitar una nueva prestación, una vez agotada la inicial, en base a los periodos que ha cotizado y no utilizado. UGT defiende también reponer las prestaciones que el trabajador sometido a Expediente de Regulación de Empleo (ERE) hubiera consumido en otros de suspensión temporal; eliminar los requisitos de la edad y de responsabilidades familiares para acceder al subsidio asistencial y a la Renta Activa de Inserción; introducir cotizaciones por desempleo en los contratos para la formación, y mejorar la cotización de los desempleados mayores de 55 años que perciben subsidio para favorecer la base reguladora de acceso a la pensión de jubilación.

En definitiva, las Administraciones tienen que aumentar la cobertura a los desempleados, y no podemos olvidarnos de que cerca de dos millones de personas y más de 800.000  hogares no tienen ningún ingreso económico.

Además, en esta difícil situación que aún empeorará, con toda seguridad, las Administraciones Públicas deben apoyar a las rentas bajas y medias mediante medidas fiscales y de tipo de apoyo social, aumentando si es preciso el déficit y el gasto público, por estas causas. Porque sabemos que todas estas medidas supondrán más gasto público y muy posiblemente más déficit y endeudamiento público, pero el momento requiere aportar por estas acciones anticíclicas.

Todo este esfuerzo colectivo que reclamamos debe coordinarse en el marco del diálogo social, en el cual los agentes sociales, económicos y políticos podemos, mediante las aportaciones de cada uno, encontrar las soluciones para salir de esta crisis de la forma más rápida posible y garantizando un crecimiento sostenido del empleo de calidad.